El poner un precio a los bienes que nos proporcionan los ecosistemas es posiblemente una buena herramienta para la conservación de la naturaleza, ya que darles un valor monetario nos hace más evidente su importancia. Muchos esfuerzos locales, nacionales e internacionales se están haciendo en esto, incluso la ONU tiene un proyecto en marcha desde hace algunos años con este objetivo llamado TEEB.
Sin embargo, al ponerle un precio a los servicios de los ecosistemas se corre el riesgo de permitir su mercantilización, o lo que es lo mismo, abrir la posibilidad a la compra-venta de los servicios, y con esto propietarios de los mismos. Han existido diferentes esfuerzos para poner precio a algunos servicios ambientales que han derivado más en un especie de impuestos por mala práctica ambiental, impuestos a empresas por contaminar, mercados de carbono, incentivos a la inversión verde, pero estos han tenido (afortunadamente quizá) un impacto muy limitado.
Para ayudar a apoyar la valoración adecuada de servicios de los ecosistemas, muchos investigadores han llamado a los gobiernos a cumplir determinadas normas económicas para obligar a las empresas a cumplir con ciertos estándares ambientales. .
Por ejemplo, en Europa, los gobiernos han instituido un impuesto al carbono para compensar las emisiones que la combustión de gasolina libera a la atmósfera. Los subsidios son incentivos económicos que los gobiernos pueden proporcionar a las empresas para iniciar pro-políticas ambientales. Por ejemplo, un gobierno podría ofrecer una compensación monetaria por la compra de tecnología de energía más eficiente en una fábrica en particular. Por último, el voluntariado es una política de información a empresas y particulares sobre la degradación del medio ambiente que determinadas actividades puede tener. En este caso, la responsabilidad recae sobre la empresa individual a instituir las medidas ambientales recomendadas. Por lo tanto, el gobierno tiene un papel importante como regulador del desarrollo económico, sino que tambien puede incorporar los servicios ambientales en los balances de las empresas. Las políticas que el gobierno adopta son fundamentales en la conformación de cómo las empresas hacen negocios.
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